Las Universidades del Estado de Chile, como garantes de la educación superior pública y bien común de todas y todos quienes formamos parte de esta nación, vemos con profunda preocupación la situación de paralización que ha afectado a los planteles universitarios a lo largo del país. Estamos de acuerdo con el fondo de las demandas planteadas, sin embargo, no podemos compartir las formas que han tomado las últimas movilizaciones del movimiento feminista estudiantil.

Entendemos que las sociedades democráticas cambian constantemente, generando procesos transformadores y emergentes que impactan en el desarrollo del pensamiento colectivo, como lo vemos ahora con las demandas del movimiento feminista en el contexto universitario chileno.

Las universidades públicas son el espacio idóneo para la comprensión y el diálogo en estos procesos de cambio tan significativos. Es nuestra tarea entonces potenciar todas las capacidades de estudiantes, académicas y académicos, y de la comunidad universitaria en general, con creatividad, libertad y tolerancia.

A partir del 5 de junio, las Universidades Estatales cuentan con una nueva ley que les exige altos estándares de calidad, equidad y por sobre todo, pertinencia y vinculación con la realidad que vive el país en diversos ámbitos, como el cultural, laboral, productivo y social. Esta nueva ley establece que todas y cada una de las universidades estatales deben garantizar la equidad de género, así como el debido proceso ante demandas de acoso laboral o sexual, de manera expedita y transparente. Por lo tanto, es fundamental que la comunidad universitaria completa se aboque a este gran desafío con mirada de futuro y de oportunidad histórica.

De este modo, es posible definir un plan que nos permita avanzar en la igualdad de género y en otras estrategias participativas que posibiliten resolver los conflictos y diferencias que se suscitan en la vida universitaria. Resulta especialmente contradictorio que en una universidad estatal que cuenta con cuerpos colegiados y una tradición de respeto y receptividad para nuevas propuestas, se priorice recurrir a tomas y paros como única forma de expresión de estas demandas, que por más legítimas y compartidas que sean, representan sin duda un daño irreparable a la educación superior pública.

Por ello, reiteramos nuestro llamado a las comunidades universitarias del sistema estatal a normalizar el desarrollo de las actividades académicas en todos sus niveles. Estamos abiertos a generar mesas de conversación y llegar a acuerdos que permitan canalizar toda esta energía en cambios sustantivos que permitan continuar la construcción de las universidades públicas que les pertenecen a todas y todos los chilenos.

 Valparaíso, 28 de Junio de 2018.