Carolina Acevedo, Doctora en Ciencia Política. Investigadora Ceder ULagos

Columna publicada el 12 de octubre 2023

Un hecho relevante de la discusión política de las últimas semanas tiene relación con la ley de usurpaciones. No me refiero a la autotutela o a la tipificación de penas de cárcel de usurpaciones no violentas, sino a lo que realmente no se habla: la crisis de vivienda.

La discusión ha girado en torno a una triste negación de la crisis habitacional y el aumento de allegamiento y hacinamiento que son una realidad creciente en Chile (CASEN 2022). Según las cifras de TECHO CHILE los campamentos han aumentado en un 33,1% en el periodo 2022-2023 respecto de los años anteriores y según la fundación Déficit Cero cada día 120 personas se van a vivir a un asentamiento irregular.

La pandemia fue una catástrofe de proporciones que profundizó aún más las brechas existentes en materia de vivienda (así como en prácticamente todas las condiciones de bienestar). Sin embargo, hoy la discusión política y las urgencias están centradas en la agenda de seguridad con tanto ahínco, que los hacedores de política dejan de pensar en respuestas concretas a los problemas que subyacen por mucho al delito.

¿Cómo impacta esto en la cohesión social? ¿Cómo el Estado y la política en su conjunto es capaz de ser resiliente y encontrar soluciones que frenen una crisis habitacional que se arrastra por décadas?

La falta de una casa donde vivir no solo impacta en lo individual, sino que permea a una sociedad que es cada vez más frágil, que en lo colectivo se vulnera y el hábitat no se construye. Por lo tanto, una de las respuestas necesarias y urgentes es que las fuerzas políticas de todos los sectores le den cabida a la discusión, sumado a un pacto inversión público-privada que genere espacios dignos donde vivir.