Depresión, abuso de sustancias, aislamiento social, conflicto entre pares, victimización e incluso el suicidio son algunas de las consecuencias que diariamente experimentan las personas trans, gays y lesbianas, al ser permanentemente discriminadas y maltratadas en su entorno. Es lo que se conoce como “stress de minoría”, cuyos efectos han sido naturalizados, agravados e invisibilizados por el miedo y el prejuicio y que fueron abordados en el Conversatorio sobre transfobia, lesbofobias y violencias a otras identidades feminizadas LGBTIQ+ realizado en el marco del Mes de la No Violencia contra las Niñas y las Mujeres, que organizan las Mesas de Género y la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Los Lagos.

Invitado especial a esta jornada – moderada por la Mesa de Género del Campus Puerto Montt- fue el conocido y reconocido activista Miguel Maldonado del Movimiento Organizado de Gays, Lesbianas, Trans y Heterosexuales (MOGALETH), movimiento de diversidad, inclusión, defensa y promoción de Derechos de la Diversidad Sexual y de Género. De profesión ingeniero en Administración, además es agente comunitario en la prevención del suicidio, consejero VIH y defensor de los derechos de las personas LGBTIQ+ “Los intentos de suicidio ocurren hasta siete veces más entre jóvenes LGBT, que en la población heterosexual y en el año 2003, el suicidio fue declarado como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud”, comentó Maldonado.

El activista indicó que factores de riesgo en este problema de salud mental son la victimización de género; la homofobia internalizada; la edad de “salida del clóset” y la marginación de la comunidad. Siendo este último el factor de riesgo con mayor prevalencia en la región.

A objeto de contribuir en la eliminación de este problema multicausal, el conversatorio analizó distintas recomendaciones que contribuyen a generar un entorno saludable para la diversidad sexual, tales como la generación de redes de acompañamiento y la incorporación de un enfoque de derechos en nuestro sistema social y legislativo. Asimismo, se debe integrar la perspectiva de igualdad de género y un enfoque interseccional en las políticas públicas, que contribuya a disminuir las brechas que históricamente han afectado a los grupos que requieren mayor protección, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, con discapacidad, indígenas, LGTBI y migrantes.

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