La académica del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, Gabriela Córdova expuso en el conversatorio “Migraciones y Políticas Públicas: Controversias y Desafíos”, organizado por la Universidad Central.
Orientar y abordar la acción del Estado al fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos, fue una de las principales conclusiones que expuso la investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, Gabriela Córdova Rivera, en su presentación en el conversatorio “Migraciones y Políticas Públicas: Controversias y Desafíos”.
El encuentro, organizado por la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, congregó a más de 250 asistentes, y contó, además, con la participación del licenciado en Filosofía, Miguel Yaksic; el filósofo y doctor en Antropología Cultural, Rolando Poblete; el secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza; y fue moderado por la politóloga y doctora en Gobierno y Administración Pública, Neida Colmenares.
Gabriela Córdova, socióloga y magíster en Estudios Migratorios por la Universidad de Valencia, se refirió inicialmente a algunos de los resultados de su estudio comparado entre Santiago y Valencia. Su ponencia se centró en los hallazgos sobre el quehacer de los gobiernos locales en ambas ciudades. Puntualmente, detalló las condiciones y garantías para la incorporación de la población migrante en ambos contextos, y cuál era el rol del gobierno local en este ámbito.
Entre sus conclusiones, precisó que “a pesar de la evidente diferencia entre estos dos contextos receptores en cuanto a la trayectoria de flujos migratorios, la diversificación de los mismos, el tener o no políticas explicitas ante la materia (…) existen elementos transversales como el hecho de concebir la inmigración como “un problema” cuya “solución” depende en buena medida de la voluntad del alcalde de turno”.
Asimismo, recalcó que en su investigación detectó la precariedad y la voluntariedad de quienes guían los programas y las oficinas destinadas a la población migrante, ante una evidente carencia de fondos y dependencia de otros departamentos.
Recordemos que en Chile, la Ley de Extranjería aún vigente data de 1975, es decir fue creada durante la dictadura, en contextos donde no existían los flujos migratorios actuales. En esa línea, Gabriela Córdova aclaró que no solo la ley es antigua sino que el fenómeno migratorio sigue siendo regulado por el Ministerio del Interior y no por su par de Relaciones Exteriores, a diferencia de otros países.
“Está ley está concebida desde una perspectiva de seguridad nacional y el control fronterizo (…) obviando muchas veces que quién migra no es un enemigo, ni solo un trabajador o trabajadora, es una persona, un sujeto de derechos. Porque migrar es un derecho humano”, subrayó.
A su vez, enfatizó en que al no existir un reconocimiento institucional de un fenómeno creciente, su bajada también repercute en cómo la sociedad autóctona se vincula con los extranjeros.
“Por ejemplo, cómo abordan este tema los medios de comunicación, cómo se faranduliza la expulsión o los planes de “pseudo” retorno, cómo se intenta culpar a quien migra de todos los males de la sociedad”, indicó.
