• La investigadora del CEDER y directora académica de la Sede Santiago, Dra. Daniella Gac, junto a la académica de la U. de Chile, Dra. Beatriz Bustos, expusieron ante la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.

Con el propósito de contextualizar lo que sucede hoy en los territorios rurales del país desde el punto de vista económico y social, y de otorgarles más beneficios a sus habitantes, la investigadora del CEDER y directora académica de la Sede Santiago Dra. Daniella Gac, junto a la académica del Depto. de Geografía de la U. de Chile, Dra. Beatriz Bustos, presentaron cuatro propuestas en esa línea a la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía de la Convención Constitucional.

La presentación se enmarcó en los resultados preliminares del proyecto Fondecyt Regular N°1210331 (2021 -2023), “¿Ciudadanías extractivas? Prácticas ciudadanas en territorios extractivos”, que lidera la Dra. Bustos y es co-investigado por la Dra. Gac y el investigador del CEDER, Dr. Álvaro Román.

La Dra. Bustos explicó que “históricamente el Estado ha definido lo rural desde la negación como lo no urbano, lo atrasado (…) es un Estado ausente, que además invisibiliza lo rural mediante leyes que no consideran las particularidades territoriales; recién en 2020 el Estado impulsó una política nacional de desarrollo rural que, sin embargo, mantiene un sesgo productivista”.

Subrayó que el Estado “actúa solo cuando necesita algo de dichos territorios, pero apela a estos para construir una identidad nacional. El Estado no ha sido capaz de proponer o incorporar los proyectos de vida de quienes viven en ellos, mientras que la entrada de empresas e industrias a territorios rurales como actores decisivos no ha generado espacios donde los habitantes puedan incidir”.

De este modo, precisó, “los habitantes rurales se sienten ciudadanos de segunda categoría. Ante este escenario, los habitantes rurales actúan desde el resentimiento y la desconfianza hacia el Estado y la desprotección empresarial”.

Por tanto, recalcó, “la idea fuerza que queremos transmitir es que la nueva Constitución requiere ampliar su definición de ciudadanía para considerar la dimensión territorial identitaria y ambiental en su ejercicio, es decir, considerar como derecho el participar de las decisiones territoriales que le afecten y es deber del Estado informar para que dicha participación sea plena”.

Por su parte, la Dra. Gac detalló las “tensiones” que se producen en la práctica de la ciudadanía rural. “En los últimos 30 años se han forzado dinámicas y estrategias de interacción individuales con ciudadanos rurales para resolución de problemas (…) la noción de emprendedores rurales impulsadas por el Estado, le asigna responsabilidad individual al éxito del ciudadano rural y sus familias; esto lleva a la sensación de abandono y prácticas clientelares que fragmentan aún más el ejercicio de derecho de los ciudadanos rurales y un sentimiento de que el Estado actúa a favor de las grandes empresas asentadas en sus territorios”, afirmó.

Agregó que, “en las últimas décadas han surgido protestas para visibilizar las demandas y necesidades de estos espacios rurales, obteniendo como respuesta amedrentamientos y vacíos de información, situación que ha debilitado a las organizaciones rurales y sus demandas y ha aumentado la desconfianza en los espacios de decisiones formales”.

Propuestas

En ese contexto, las académicas proponen que la Constitución debe transferir “poder y capacidades a los ciudadanos rurales para participar en decisiones que afecten a sus territorios (…) se requiere legitimar y otorgar competencias a organizaciones ciudadanas y ciudadanos, de manera de compartir derechos y responsabilidades en la toma de decisiones sobre el futuro de sus territorios no solo como espacios productivos sino también como lugares para vivir y proyectar su vida”.

Asimismo, sostienen que la nueva Carta Magna debe incluir “la formación ciudadana como deber del Estado en procesos productivos, institucionales, sociales y ambientales, considerando el rol fundamental que tienen estos territorios en el desarrollo de nuestro país en la soberanía alimentaria, en la protección de la biodiversidad y en el uso sostenible de los recursos naturales”.

Además, añaden, la Constitución debe “promover instancias de democracia participativa y vinculante tanto en espacios del Estado como en aquellos ámbitos de decisiones donde operan las empresas multinacionales, considerando la multiescalaridad de la incidencia”.

Y por último, aseguran, se debe incluir en el texto el derecho de acceso a la información a ciudadanos rurales para participar en las decisiones. “Es deber del Estado proveer de una plataforma de información pública, transparente, accesible, gratuita, sistemática y local, considerando los canales de información que utilizan los ciudadanos en estos territorios”, cerraron las investigadoras.