Con el objetivo de conocer la teoría y práctica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el contexto del ordenamiento jurídico nacional y el derecho internacional para orientar el quehacer docente institucional desde la definición de contenidos hasta el mismo trabajo en el aula, se realizó el Diploma de Extensión de Formación de Formadores de Derechos Humanos, Carabineros de Chile, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y de la Dirección de Formación Continua de la Universidad de Los Lagos.

El curso que se inició el  23 de agosto de 2021 y que finaliza el 14 de noviembre, tuvo una duración de 120 horas, distribuidas en 80 horas asincrónicas y 40 sincrónicas. Las clases sincrónicas se realizaron los días sábados desde las 09:00 a las 13:15 horas.

El objetivo general del Diploma, explica Ramón Vivanco, jefe de carrera de Trabajo Social y coordinador académico del curso, fue “analizar la fundamentación, funciones y características del sistema universal y del Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos, el desarrollo de su legitimidad y su impacto y recepción en el derecho interno y el funcionamiento y responsabilidades de los organismos públicos en la protección y promoción de los DD.HH en general, asociado todo lo anterior al accionar policial”, afirmó.

El académico, además precisó que entre los objetivos específicos del Diploma, se encuentran “interpretar sistemáticamente lo anterior y aplicar sus principios e instituciones al contexto del trabajo policial, tanto en el orden de las funciones de prevención de delitos y control del orden público como de la investigación criminal y demás funciones constitucionales, comprendiendo el rol activo que le cabe a las FF. OO y seguridad en la promoción y protección de los DD.HH más allá de los contextos de eventual responsabilidad estatal”, indicó.

En esta línea de profundización el Dr. Vivanco comentó que el estudio buscó “analizar críticamente las brechas en el cumplimiento de los estándares de los Derechos Humanos aplicables a la función policial, con especial foco en identificar indicadores para la evaluación, para los mecanismos de control interno y externo existentes o por formular, generando así capacidad de monitoreo y planificación de políticas institucionales”, puntualizó.

Metodología y evaluación

Para lograr la certificación del programa, el coordinador informó que los estudiantes deben aprobar cada uno de los cursos que integran el diplomado con un promedio igual o superior a 5.0 en la sumatoria de los trabajos individuales por módulo, así como el trabajo final. Adicionalmente se requiere para la obtención de la certificación del Diploma la aprobación de todos los módulos. La sumatoria de los 9 módulos corresponde a un 55% de ponderación. Un 5% por participación en plataforma (constancia de ingreso a la plataforma, cumplimiento de trabajos en plazos, etc.) y un 40% trabajo final cuyo desarrollo consistirá en un proyecto o propuesta de intervención en la temática de Derechos Humanos en el campo policial en relación con los contenidos del Diploma, cuya ponderación será de un 40%. Esta actividad final tendrá 3 hitos de desarrollo. El primero será al inicio del Programa con la entrega de la estructura general del trabajo final. Un segundo hito será de revisión del avance al término del tercer curso e hito será la presentación del trabajo final al término del curso.

Los estudiantes del Diploma, contaron además con el apoyo de un tutor/a académico/a que acompaña este proceso final.

¿Por qué el diploma?

Según Ramón Vivanco, “el respeto a los derechos humanos implica para el Estado chileno obligaciones relativas a la promoción, protección y realización efectiva de ellos. Sin embargo, para que estas obligaciones puedan respetarse, se requiere que las y los agentes del Estado estén debidamente informados, capacitados y comprometidos en estas temáticas tan importantes para el desarrollo de una nación. La institución pública encargada de esta temática es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el cual indica que la existencia de instancias de educación en derechos humanos (EDH), es una garantía básica para que agentes del Estado respondan al marco establecido por estos derechos en el desarrollo de sus funciones y tareas”, aseguró.

Estos espacios formativos, agrega “son fundamentales si se asume que las acciones de los miembros de todas y cada una de las reparticiones públicas y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, representan al Estado y, por tanto, comprometen la responsabilidad de éste en materia de derechos humanos ante otros estados y ante las Naciones Unidas. Y es precisamente en las prácticas cotidianas que se juegan las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. En ese contexto, no se puede pretender que los y las agentes del Estado adecuen sus acciones a un marco coherente de derechos humanos si desconocen sus características y alcances. Es más, se considera que esta formación es particularmente importante en el caso de las instituciones de seguridad y orden público, por la compleja labor que desarrollan, dado que la sociedad les ha asignado el rol del uso legítimo de la fuerza para brindar protección a la ciudadanía. Además, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública suelen operar en contextos de colisión de derechos o en estados de excepción, en donde el establecimiento de los límites del accionar legítimo y proporcional del uso de la fuerza, así como en la restricción de derechos, velando por la menor afectación de ellos en cada caso particular, es fundamental”, destacó.

Así también, profundiza el Dr. Vivanco “es muy relevante que los y las agentes públicos reconozcan la vigencia de los derechos humanos en todo contexto y su aplicación bajo los principios de universalidad y de no discriminación. Por otra parte, Carabineros de Chile tiene un contacto directo con la ciudadanía, por lo que suelen ser los primeros agentes del Estado a los que la población recurre en demanda de la activación de mecanismos de respeto y protección de los derechos humanos, frente a diversas situaciones que atentan contra su dignidad e integridad. En suma, el Estado tiene el deber de generar procesos permanentes de formación y capacitación para sus agentes, -sean civiles o uniformados-. Esta educación en derechos humanos debe orientarse al (re)conocimiento, alcances, limitaciones y obligaciones que se desprenden de los diversos instrumentos de derechos humanos ratificados por Chile, formación indispensable para que funcionarios/as públicos y de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, en un marco acorde a los derechos humanos”, finalizó.