En Chile el censo de 2017 registra un 13% de la población como personas que se sienten pertenecientes a pueblos originarios. En relación a las regiones, en el norte, Arica y Tarapacá se concentra el mayor porcentaje de personas de pueblos originarios y en el sur, de la Araucanía a Magallanes.

El conflicto con el Pueblo Mapuche es de larga data, historiadores lo sitúan con la llegada de los españoles y posterior creación del Estado de Chile; el conflicto es sin duda político, pero también social. La pérdida de sus tierras por acción del Estado, ventas o traspasos cuestionados por su imposición o engaño, se suma el empobrecimiento de los recursos naturales por la llegada de grandes empresas forestales, acuícolas e hidroeléctricas. Por todo ello, la sociedad chilena mantiene una deuda con los pueblos originarios.

Chile en el año 2009 Aprobó el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios en medidas que les afecten, así como el deber de los gobiernos de asumir la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger sus derechos, garantizar el respeto a su integridad y la no discriminación, y promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

El país puede y debe avanzar más decididamente para enfrentar los desafíos de nuestra relación con los pueblos indígenas, entre ellos destacan: el mejoramiento de las condiciones de vida, la protección y promoción de sus culturas y sus lenguas, reduciendo la pobreza y mejorando la inserción social; que la legislación chilena considere los derechos de los pueblos indígenas en su diseño; y el reconocimiento constitucional de un estado multicultural que ha estado presente en la discusión por una nueva constitución.

Hoy se debe actuar prontamente en un diálogo amplio y fructífero, que no se centre en los hechos de violencia de las últimas semanas y que se reiteran en el tiempo, y aseguren una agenda con visión de país. La aplicabilidad del acuerdo de la OIT ratificado por nuestro país es una gran herramienta a la que no se le ha dado la relevancia que tiene para aportar en la solución. Es fundamental generar espacios de dialogo y encuentro para una convivencia inclusiva de todos los sectores de la sociedad.

Por, Óscar Garrido Álvarez.