• Destacaron las presentaciones de representantes de organizaciones como Deuda Educativa, la Fundación Sol, la ONG Defensoría Ambiental, la ONG Codeciam y el Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT).

El segundo día del encuentro “¿Hacia dónde va América del Sur? Conflicto social e institucionalidad política en tiempos convulsos” se enfocó en analizar y discutir a través de representantes de organizaciones de la sociedad civil la situación actual de nuestro país.

En primera instancia, en el panel “Conflicto sociopolítico y las bases de la desigualdad social en Chile”, destacó la participación del coordinador del movimiento Deuda Educativa Juan Pablo Rojas y del investigador de la Fundación Sol Benjamín Sáez.

Rojas expresó que la desigualdad social “se crea en base a políticas de Estado que forman brechas inmensas que son inalcanzables” y que por tanto, “no se va a poder equiparar la cancha mientras no se cambie el modelo que nos ha empobrecido enormemente”.

El activista del movimiento que busca abolir la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), precisó que “la explosión social, que para mí es una revolución y muy necesaria, muchos la esperábamos con ansias. Quizás vino antes de lo que se esperaba pero muchos estábamos cansados, aburridos del abuso y de la burla de políticos que catalogamos como verdaderos traidores”.

En ese contexto, subrayó que “nos califican de desertores pero los traidores son ellos porque endeudaron niños que le han generado recursos multimillonarios a la banca, porque ya ha ganado 5,3 billones de pesos con este Crédito con Aval del Estado”. “Creo que es el momento adecuado para que le pongamos un atajo a esto”, dijo.

Sáez por su parte, explicó respecto del origen del estallido social, que “esta es una conflictividad que ha sido endémica del capitalismo, de su funcionamiento en estos 500 años de historia”, y agregó que “la seguridad social no se explica si no se analiza una historia profunda de conflictividad social”.

Aclaró que en las dos principales coaliciones políticas del país, “hay un compromiso con una forma de crecimiento, de acumulación, de ordenamiento de la economía en la sociedad y es esa forma la que hoy día está haciendo crisis”.

Puntualizó que “hoy estamos en un proceso en el cual muchas de las formas de legitimidad del orden actual se han ido cayendo por su propio peso, pero sin embargo vemos al sector dominante que está decidido a no ceder y por tanto este proceso puede ser mucho más largo de lo que se espera”.

Junto con ello, advirtió que “las promesas que se hagan hoy probablemente se van a ver en 10, 20 o 30 años más, y por eso hay que estar vigilante”.

Bases socioterritoriales

En tanto, en el panel “Conflicto sociopolítico y las bases socioterritoriales de la desigualdad en Chile”, sobresalieron las alocuciones del presidente de la ONG Codeciam Luis Pouchucq, del director alterno del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT) Walter Imilán y de la encargada de Justicia Ambiental de la ONG Defensoría Ambiental Alejandra Donoso.

Pouchucq abrió sosteniendo que “es indispensable condenar las sistemáticas y sostenidas violaciones a los derechos humanos que han sufrido miles de chilenos y chilenas en estas últimas semanas y donde hemos visto una agudización de esta acción estatal violenta hacia las personas”.

Determinó que “esto responde a una larga historia de relativización de los Derechos Humanos en este país en pos del desarrollo económico que beneficia a muy pocas personas. Este enriquecimiento por desposesión que se traduce en un saqueo de los territorios y los modos de vida”.

Aseguró que en estas últimas cuatro décadas el desarrollo extractivista de Chile “ha destruido más naturaleza que toda la Colonia y toda la República juntas. Cada rincón de este país ha sido alterado”.

En ello han influido cuatro actividades económicas, sostuvo: “La minera, la forestal, la pesquera y la agroindustria, que han socavado las bases físicas para el sostenimiento del medio natural, poniendo en peligro la dignidad humana”.

Entonces, recalcó, “la situación de los sistemas naturales en este país, en este punto histórico es mucho más que preocupante, es absolutamente desesperada”, añadiendo que, por tanto, “la crisis ambiental ha aportado al suceso que vivimos hoy en día como país”.

Mientras que Imilán, remarcó que a raíz del conflicto “pareciera que las formas que hemos tenido para agruparnos, para expresar demandas o para compartir nuestras experiencias no han tenido un rol tan importante, si no se han formado estos nuevos espacios como cabildos o asambleas que tienen esta idea de lo territorial”.

Por otro lado, comentó que el territorio siempre está en disputa por agentes, pueblos o comunidades que combaten por hacerlo propio. “Esta idea de entender la relación de los territorios debe llevar a pensar las políticas públicas de otra forma, ya que se suelen ver los problemas de forma aislada”, indicó.

Asimismo, detalló que las políticas públicas deberían incorporar una mirada integral del territorio “como entes que se relacionan con otros y construyen un complejo entramado de necesidades y conocimientos”.

Finalmente, fue crítico del uso del modelo extractivista como principal sustento de la economía nacional “porque reduce considerablemente la calidad de vida de los habitantes del territorio transformándolos en verdaderas zonas de sacrificio”.

Cerró Alejandra Donoso, quien enfatizó que para nadie es un misterio “que una de las cosas que está en crisis es el modelo económico, pero también lo otro que está en crisis es la legitimidad”.

Expuso que “este modelo capitalista en Chile, con la dictadura y gracias a la Constitución de 1980, se fue estableciendo como un sistema político-económico neoliberal. Y la Constitución lo que hace no es regular un sistema político sino que proteger un sistema económico, y de ahí todas las dificultades que tenemos dentro de la institucionalidad para modificarla, más allá de la concertación o la democracia pactada”.

Asimismo, afirmó que “nadie se había preocupado por el medioambiente hasta que Chile se incorporó al selecto grupo de países OCDE. Entonces el derecho ambiental chileno no es un derecho que tenga por finalidad la protección del “bien jurídico” medioambiente, sino que es un derecho que funciona para legitimar el despojo con ciertos estándares medioambientales. De ahí que la principal política pública que tengamos en materia de protección del medioambiente sea el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que no es otra cosa que un checklist”.

Del mismo modo, manifestó que la idea de separar lo social de lo ambiental “a mi juicio no es correcta y además es miope porque no nos permite analizar la complejidad de la situación”.

Para concluir, planteó que “me parece importante que vayamos abriendo las discusiones relacionando los distintos elementos; no podemos hablar de Asamblea Constituyente si es que no hablamos de extractivismo, de Derechos Humanos, de acceso, de bienes naturales o de la naturaleza, sobre todo en un contexto de crisis”.

Cabe recordar que el seminario internacional fue organizado por el investigador postdoctoral del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER), Dr. Juan Pablo Paredes, en el marco del cierre de su proyecto Redes Internacionales para Investigadores(as) Emergentes (Conicyt REDI-170473), y del proyecto Fondecyt Postdoctorado N°3170504.

Todas las presentaciones se encuentran disponibles en el Fanpage del CEDER: https://www.facebook.com/CEDERulagos/